Recomendaciones de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Nº 38.- Derechos de segunda generación

Agosto/2019

Introducción

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia ya que establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Fue elaborada por representantes de todas las regiones y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse en promover el respeto a estos derechos y libertades, asegurando su reconocimiento y aplicación efectiva mediante la enseñanza y la educación.

En 1977 Karel Vasak, primer secretario general del Instituto Internacional de Derechos Humanos, inspirándose en las consignas de la Revolución Francesa (libertad, igualdad, fraternidad), propuso la distinción de derechos humanos en cuatro generaciones:

Derechos de primera generación: derechos civiles y políticos.
Derechos de segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales.
Derechos de tercera generación: solidaridad, justicia y paz.
Derechos de cuarta generación: información y comunicación.

Los derechos de segunda generación son aquellos derechos humanos que tuvieron su aparición formal después de la Primera Guerra Mundial. Aunque algunos de estos derechos ya habían surgido en la Declaración Universal de 1948, es en 1966 cuando se desarrollan en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En términos generales, aseguran el derecho al trabajo y los derechos laborales, la protección a la infancia y la adolescencia, la seguridad social, un nivel de vida adecuado, la vivienda, vestido y calzado, la salud, la educación y el desarrollo cultural de todas las personas.

Situación actual

En base a estos derechos de segunda generación, desde hace más de una década la Junta de Andalucía reguló la libre elección de médico y de hospital, la libre elección de médico general y pediatra en el nivel primario de atención, el derecho a la segunda opinión médica y la declaración de voluntad vital anticipada.

La libre elección de médico y de hospital: en 1997, la Junta de Andalucía publicó el decreto por el que se regula la libre elección de médico especialista y de hospital. En términos generales este decreto determina que, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), el usuario podrá elegir al facultativo especialista u hospital público para las consultas programadas médicas y quirúrgicas, los procedimientos terapéuticos médicos y quirúrgicos y los servicios y unidades de diagnóstico, para aquellas pruebas que sean indicadas por el facultativo responsable.

La libre elección de médico general y pediatra en el nivel primario de atención: en 1994 en Andalucía se publica el decreto en el que se establece que los usuarios podrán elegir facultativo entre los médicos generales y pediatras existentes en el distrito de atención primaria y, en las ciudades en cuyo término municipal exista más de un distrito, se podrá optar además entre los facultativos que presten servicio en dicho término municipal, con independencia del distrito al que se hallen adscritos. La elección de médico general y pediatra podrá efectuarse en cualquier momento y sin necesidad de justificación, pudiendo previamente solicitarse entrevista con el facultativo.

El derecho a la segunda opinión médica: en 2003 la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía estableció el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el SSPA, entendiéndose como el informe facultativo obtenido como consecuencia de la solicitud realizada por un paciente, sus familiares, su pareja de hecho, personas allegadas, sus representantes legales o por la persona en quien expresamente delegue el usuario esta opción, tras el diagnóstico de una enfermedad de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente la calidad de vida o tras la propuesta de un tratamiento con elevado riesgo vital, una vez que el proceso diagnóstico se ha completado y siempre que no requiera tratamiento urgente.

La declaración de voluntad vital anticipada: en octubre de 2003, la Junta de Andalucía promulga la Ley 5/2003, que tiene por objeto regular, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Andalucía, la declaración de voluntad vital anticipada como cauce del ejercicio del derecho de la persona a decidir sobre las actuaciones sanitarias de que pueda ser objeto en el futuro, en el supuesto de que no goce de capacidad para consentir por sí misma llegado el momento. Esta declaración de voluntad vital anticipada se entiende como la manifestación escrita hecha por una persona capaz que, consciente y libremente, expresa las opciones e instrucciones que deben respetarse en la asistencia sanitaria que reciba, en el caso de que concurran circunstancias clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad.

Con el objetivo de promover el ejercicio de estos derechos la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, en los manuales para la certificación de competencias de los profesionales sanitarios del SSPA, incluye la evidencia “Información proporcionada sobre el uso de los derechos de segunda generación”, que requiere que los profesionales aporten un informe de reflexión en el que describan cómo facilitan el uso de los derechos de segunda generación en los pacientes que atienden en su práctica diaria.

Se han analizado 1.793 informes de reflexión aportados por los profesionales que han alcanzado su certificación entre enero de 2015 y junio de 2019, observándose que más del 65 % de los profesionales acreditados han aportado la prueba y destacando que los enfermeros de emergencias y urgencias extrahospitalarias, los cirujanos generales, los médicos de urgencias y las matronas son los colectivos profesionales que han aportado dicha prueba en mayor porcentaje (82 %, 74 %, 73 % y 72 % respectivamente).

Recomendaciones

A pesar de que los procesos de certificación de competencias ponen de manifiesto el compromiso de los profesionales con la promoción de los derechos de segunda generación de los pacientes, la ACSA propone las siguientes recomendaciones:

Libre elección de centro y de profesional:

  • Informar al paciente acerca del derecho a elegir entre los profesionales disponibles en cualquiera de los centros del municipio de residencia y en cualquiera de los centros del distrito sanitario o área de gestión sanitaria al que corresponda su domicilio, así como del derecho a elegir el hospital donde desee ser atendido, en el caso de encontrarse en lista de espera para una intervención quirúrgica.
  • Informar al paciente de cómo puede consultar el mapa sanitario de Andalucía, para poder elegir entre los profesionales del distrito al que corresponde su domicilio, o de cómo puede acceder a la Oficina Virtual del SSPA.
  • Orientar al paciente sobre el procedimiento a seguir a través de Salud Responde, ClicSalud+ o dirigiéndose al centro deseado en un municipio (en el caso de elegir centro de atención primaria), cumplimentando el modelo de solicitud correspondiente.
  • Tener en cuenta las causas de denegación y las limitaciones de la libre elección de profesional y centro.

Segunda opinión:

  • Informar a los pacientes acerca de qué personas tienen derecho a solicitar una segunda opinión médica, teniendo en cuenta las limitaciones que existen para solicitarla.
  • Conocer la relación de enfermedades objeto de una segunda opinión médica y las circunstancias en las que se puede solicitar.
  • Asesorar al paciente sobre el procedimiento a seguir para solicitar la segunda opinión: cómo descargar el formulario de solicitud, cómo y dónde presentarlo y qué documentos aportar.
  • Aconsejar al paciente que lea detenidamente las instrucciones de la solicitud, a fin de que conozca qué personas pueden solicitar segunda opinión médica en su nombre, en caso necesario

Voluntad vital anticipada:

  • Informar al paciente sobre qué personas pueden hacer la voluntad vital anticipada y también quiénes pueden escoger para ejercer como sus representantes.
  • Asesorar al paciente sobre cómo registrar la voluntad vital anticipada o ayudarle en el proceso, en el caso de que lo necesite.
  • Indicarle cómo se puede realizar la preinscripción de su voluntad vital de forma telemática, así como solicitar una cita previa para poder inscribir posteriormente su testamento vital.
  • Recordar al paciente que el contenido de la declaración puede ser cambiado en cualquier momento, siguiendo el procedimiento establecido, y que su declaración tiene validez en todo el territorio español.

Referencias

  • Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
  • Carbonero, D; Raya, E; Caparros, N; Gimeno, C. Respuestas transdisciplinares en una sociedad global. Aportaciones desde el Trabajo Social. Logroño: Universidad de La Rioja. 2016.
  • Aguirre, A; Manasía, N. Derechos humanos de cuarta generación: inclusión social y democratización del conocimiento Télématique, vol. 14, núm. 1, 2015. Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín Zulia, Venezuela.
  • Mata-Villegas, N. La educación en la ética de los derechos humanos. Justicia, No. 30. Diciembre 2016. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia. Disponible en: http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/justicia/index.php/justicia
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  • Marrades, A. Los nuevos derechos sociales: el derecho al cuidado como fundamento del pacto constitucional. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Revista de Derecho Político Núm. 97, 2016.
  • Krohling-Peruzzo, C. La comunicación en los movimientos sociales y el Derecho a la Comunicación. Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital, 5(2). 2016. Disponible en: https://revistas.uca.es/index.php/cayp/article/view/3234
  • Lindgren-Alves, JA. Dificultades actuales del sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos. Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD, Dourados, v.3. n.6, 2014. Disponible en: http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/moncoes
  • Higuera, D. Tipologías de derechos, ¿Una variante en la tutela judicial efectiva?: Un análisis desde la ineficacia de la acción de cumplimiento para los derechos sociales. Revista Via Iuris, 20, 2016.
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