Aguirre considera que la inversión prevista por el Gobierno central para el Plan de choque del trastorno mental tras la pandemia es insuficiente
El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, durante su intervención hoy en el Parlamento, ha informado sobre las medidas puestas en marcha para mejorar la atención sociosanitaria en la Salud Mental de Andalucía, entre las que destaca un plan de choque con tres proyectos diferenciados que cuentan con un presupuesto global de 6,2 millones de euros.
Para la materialización de este plan de choque, en palabras de Aguirre, “se contempla, por un lado, un proyecto dirigido a la mejora de la atención a los trastornos mentales graves (TMG) a través de la implantación de equipo de tratamiento intensivo comunitario (ETIC) en la Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental. Por otro, un proyecto de incorporación en las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental de un psicólogo clínico, dinamizador de las interacciones asistenciales con Atención Primaria. Estos dos recursos suponen incorporar a 106 nuevos profesionales del Servicio Andaluz de Salud y destinar en torno a los 4,5 millones de euros”.
El consejero ha resaltado que “se han puesto en marcha 40 equipos de tratamiento intensivo comunitario, compuestos por 40 facultativos especialistas de área (psiquíatras o psicólogos clínicos) y 40 enfermeras especialistas de salud mental, así como por 40 monitores de Faisem”.
Aguirre ha puntualizado que el tercer proyecto de este plan de choque persigue tener una mayor interacción con el movimiento asociativo en aspectos éticos, colaborativos y legales, “al que hemos destinado 1,7 millones de euros en ayudas, lo que supone un incremento del 13% con respecto al 2020”.
En este sentido, el titular de Salud y Familias ha indicado que “este proyecto está encaminado a promover programas para el fortalecimiento del movimiento asociativo y desarrollar actividades dirigidas a personas con problemas de salud mental y sus familias”.
Del mismo modo, ha destacado que “las 15 Comunidades terapéuticas de salud mental de Andalucía son unidades hospitalarias de ingreso de media duración que trabajan de forma coordinada priorizando el trabajo en red”. Además, ha recordado que “las unidades de hospitalización y hospitales de día en salud mental están dimensionadas a la presión asistencial”.
Por otro lado, Aguirre ha incidido en que “en materia de Salud Mental, las iniciativas que aporte el Gobierno central serán bienvenidas por esta Consejería, aunque es prioritario que haya concreción tanto en los objetivos, inversiones y las ratios como en el encaje del Plan de Acción, de la Estrategia y de la Ley”.
Nuestra intención es, según Aguirre, “concretar al máximo cuestiones como la ordenación de recursos humanos, la superación de la temporalidad o la modificación del sistema de contratación”. “Consideramos que la inversión prevista por parte del Gobierno de España para el Plan de choque contra la pandemia de trastorno mental que sufrimos es escasa, ya que sin más recursos económicos no hay posibilidad de incrementar los recursos humanos”.
El titular de Salud y Familias ha advertido que “hacen falta además más profesionales formados en salud mental y más psicólogos en atención primaria, por lo que tenemos que plantear la salud mental como algo transversal en todas las políticas públicas, es decir, en el ámbito laboral, social, educativo, de vivienda”.
Aguirre ha anunciado que “en 2022 vamos a introducir la figura del psicólogo clínico para la prevención de la conducta suicida y vamos a seguir ejecutando medidas reales como la consolidación de los puestos de trabajo; la mejora de las ratios de los profesionales en Salud Mental; el incremento de las inversiones en recursos residenciales y espacios asistenciales para jóvenes o casos complejos; la continuidad de los profesionales contratados para los Equipos intensivos comunitarios y para Psicología Clínica en Atención Primaria, entre otras”.
Por último, Aguirre se ha referido a otras acciones como el Teléfono de la Esperanza; el impulso del convenio antiestigma y de las tareas desarrolladas por el Grupo de trabajo de Derechos Humanos, centrado ahora en los ingresos involuntarios; la puesta en marcha de la Unidad de tratamiento para patología dual; el fomento de la integración de los servicios de adicciones y salud mental; la atención a las unidades de trastorno de la conducta alimentaria y la continuidad de los grupos de trabajo e iniciativas relacionadas con experiencias adversas en la infancia y con la coordinación entre salud mental y educación”.