La atención a las personas que padecen una enfermedad mental y tienen un problema de adicciones requiere un mayor esfuerzo de las administraciones y sus profesionales, con el fin de garantizar la continuidad asistencial y de cuidados, y poner a su alcance los medios necesarios que permitan su inclusión social, mejor aún, que prevengan el riesgo de exclusión social al que estas personas se ven abocadas. Con el objetivo de potenciar la coordinación intersectorial entre las redes de Salud Mental y Drogodependencias, dependientes en Andalucía de las Consejerías de Salud y de Igualdad y Bienestar Social, respectivamente, así como facilitar el abordaje integral que garantice la continuidad asistencial y mejore la accesibilidad de esta población, se reedita este Protocolo.